El retorno de la revuelta como arma política ¿hay antídoto para eso?

Hay una fragilidad institucional y la erosión de la calidad de vida de los habitantes en Chile, aunque los números macros y su efecto histéresis no lo reflejen (años siendo el buen alumno del barrio nos lo permite), pero se hace imperiosa la necesidad de construir cuerpos sociales robustos de manera urgente para sostener la otrora fortaleza. Se trata de agrupaciones firmes y bien organizadas que, en distintas áreas de la sociedad —barrios, universidades, empresas, gremios, iglesias y espacios culturales—, pavimenten un terreno sólido para defender la institucionalidad democrática, proteger el mandato popular del 58% que optó por más empleo, seguridad, control del gasto fiscal y en definitiva mayores oportunidades encarnadas en José Antonio Kast y restaurar lo que el país ha perdido tras años de incertidumbre.

El estallido de octubre de 2019, al que denominamos “octubrismo”, y que se extendió como una pesada sombra durante el gobierno de Gabriel Boric, representó una reformulación nefasta de marxismo aggiornado que tanto daño hizo a los chilenos. Bajo la apariencia de demandas sociales legítimas se desató una ola de violencia, destrucción y desorden que ha dañado gravemente a los ciudadanos. La calidad de vida se ha deteriorado visiblemente: inseguridad en las calles, inflación que castiga los bolsillos, deterioro de los servicios públicos, colapso en la confianza ciudadana y una sensación generalizada de pérdida de control sobre el destino nacional.

Datos duros revelan que detrás de estos movimientos subversivos operaron financiamientos y coordinaciones tanto nacionales como internacionales. Informes de inteligencia de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y de Carabineros, difundidos en 2019, documentaron la presencia de cuentas y agitadores vinculados a regímenes como Venezuela y Cuba, con miles de interacciones en redes sociales desde esos países impulsando el caos. El big data del Gobierno detectó usuarios de Venezuela, Argentina, México y España coordinando narrativas de desestabilización, mientras grupos locales anarquistas y comunistas —algunos con nexos a barras bravas y narcotráfico— recibían logística organizada. Es sabido, además, la coordinación en Rusia de colaboración para preparar el estallido social con el viaje de Beatriz Sánchez y Daniel Jadue en el mes de septiembre de 2019 y la actividad en Twitter de parte de un 10% proveniente del país euroasiático. Hoy, el Partido Comunista de Chile (PCCh) y sectores del Frente Amplio mantienen estructuras financiadas por aportes partidarios y redes internacionales de izquierda, como se evidencia en publicaciones de su propio órgano, el diario El Siglo, que sigue promoviendo la “revuelta social” como legítima sin condenar sus excesos violentos.

Una de las grandes fallas de 2019 fue nuestra excesiva dependencia de organismos capturados por la izquierda. Dependimos de una inefectiva Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) para anticipar la amenaza, de un poder judicial y fiscales como Ximena Chong o Daniel Urrutia (hoy involucrado en el caso “muñeca bielorrusa”) que deliberaron con firme convicción revolucionaria persiguiendo a carabineros en favor de los agitadores protagonistas de la revuelta, y de un aparato político sin el carácter necesario para advertir y enfrentar a tiempo a los movimientos anarquistas y comunistas que orquestaron el caos. Declaraciones incendiarias de personeros del Frente Amplio, PS y PCCh alimentaron esa subversión. El PCCh, en su Declaración Pública de octubre de 2019 (publicada en El Siglo), calificó las acciones como “legítimas de desobediencia civil” y “expresión de reclamo acumulado”, mientras Giorgio Jackson (entonces diputado del Frente Amplio) acusó al Gobierno de ese momento de “enviar fuerzas de choque en vez de dialogar”. Figuras como Guillermo Teillier (PCCh) y líderes del PS justificaron barricadas y saqueos como respuesta al “modelo” que celebraron la “explosión social” como fenómeno político-económico inevitable.

Estos discursos no surgen en el vacío, bien lo sabemos, se nutren de teóricos marxistas y anarquistas que argumentan explícitamente la necesidad de salir a las calles a destruir. Karl Marx, en La guerra civil en Francia (1871), celebra la Comuna de París por haber “destruido el poderío del Estado moderno” y afirma que la clase obrera “no puede limitarse simplemente a tomar posesión de la máquina del Estado tal y como está y servirse de ella para sus propios fines”; debe barrerla para construir sobre sus ruinas. Otro sujeto de esta estirpe, más colérico es si, como fue Mijaíl Bakunin, en su Catecismo revolucionario e Dios y el Estado (1871), impulsa la “destrucción total del Estado” mediante la acción directa de las masas, como “pilotos invisibles” que guían la tempestad popular sin estructuras visibles. En Italia tambien tuvieron su apologista de la barbarie, Errico Malatesta, en Anarquismo: de la teoría a la práctica (1891), defiende la “propaganda por el hecho” —atentados y destrucción simbólica— para inspirar la revuelta y deslegitimar el orden “burgués”. Estos argumentos, citados y reinterpretados en círculos chilenos del PCCh y anarquistas, siguen alimentando la acción subversiva actual. Esta visión se complementa con la estrategia explícita de conquistar primero la sociedad civil para luego tomar el Estado, tal como plantea certeramente el escritor chileno José Antonio Quinteros Masdeu en su obra El Espíritu a la Cárcel citando a Gramsci: “hay que tomar estas fortalezas para conquistar la sociedad civil. Una vez tomada esta se podrá hacer la conquista del Estado cuyo sustento son las principales instituciones: la iglesia, las fuerzas armadas y las universidades”.

¿Usted piensa que le hablo de mucho tiempo atrás y que de eso no queda nada? las manifestaciones y convocatorias a destruir el espacio público por parte de la izquierda radicalizada ya están en marcha en este gobierno de Kast, y excusas sobran como invocar defensa sobre el medioambiente, protesta por el alza de 370 pesos en combustibles, y otras que se pueden crear a conveniencia. Acá cabe la pregunta, donde están los agitadores chilenos de 2019? ¿En qué estarán los recientemente salidos de gobierno como Camila Vallejo, Gabriel Boric y Giorgio Jackson desde el extranjero? Hace poco participaron en su cónclave en La Habana, mientras toda la ciudad sufría cortes de luz, pero el lujoso hotel donde se alojaban disfrutaba de todas las comodidades: como de costumbre, la hipocresía en su máxima expresión. Esto va agitando a nuestros jóvenes en las aulas de maneras multivectoriales, como cuando vemos cuchillos, armas de fuego y violencia desatada contra niños, profesores y el mobiliario (la quema en el prestigioso Liceo Lastarria el día martes) y otras escenas dentro de nuestra educación pública.

Esa experiencia debe servirnos de lección dura. No podemos seguir confiando exclusivamente en instituciones estatales permeadas ideológicamente. Urge el surgimiento de contrapesos fuertes desde la sociedad civil. Entre las virtudes fundamentales de estos grupos está la defensa decidida de la familia como núcleo esencial de la sociedad, atacada sistemáticamente por ideologías que buscan relativizar su rol y desestabilizarla. Asimismo, la protección irrestricta de la vida del que está por nacer, frente a corrientes que deshumanizan al ser humano desde su concepción y que forman parte de la tradición humanista y cristiana que ha marcado a Chile. Y la promoción de una migración sana, ordenada y contributiva, aquella que aporte al desarrollo del país con trabajo, talento y respeto a nuestras leyes, en contraste con la inmigración irregular que genera sobrecarga en los servicios públicos, tensiones sociales y un sentimiento de invasión que erosiona la adhesión nacional.

Estos cuerpos sociales no solo resisten; construyen. Pavimentan el camino para recuperar la seguridad, mejorar la educación, fortalecer la economía y restaurar la confianza en las instituciones. Representan la madurez de una ciudadanía activa que no se resigna al declive y que actúa con determinación en múltiples frentes para que la voluntad mayoritaria no sea sepultada por minorías vociferantes.

Hoy más que nunca, Chile necesita estas redes robustas que actúen como diques frente al desorden y como motores del progreso. La reconstrucción nacional no vendrá solo desde arriba. Nacerá de la organización inteligente y persistente de la sociedad civil, que fiscaliza, propone y defiende sin delegar su responsabilidad.

Con esperanza, invito a la reflexión, creo que es tiempo de que cada ciudadano elija una causa según sus aptitudes y su visión de Chile. Sea en seguridad vecinal, defensa de la vida, apoyo a la familia, educación de calidad, emprendimiento productivo o cualquier otro ámbito que considere prioritario y que nos saque virtuosamente de la enajenación egoísta en la que caemos recurrentemente a causa de un agudo individualismo. Ese compromiso personal y colectivo es lo que permitirá dejar a las próximas generaciones un país mejor, más próspero, más seguro y más unido, donde la institucionalidad sea respetada, la libertad sea real y el bienestar no sea un sueño lejano.

La hora de los cuerpos sociales robustos ha llegado. Construyámoslo con determinación y visión de futuro. De ello depende no solo el éxito del proyecto que representa el actual gobierno, sino el destino mismo de la República que heredaremos a nuestros hijos.