27 de March de 2026 ANTARTICA, ESTRATEGIA, POLITOLOGÍA 0

La Antártica en la estrategia de Chile: continuidad, capacidades y escenarios

Getting your Trinity Audio player ready...

La ventaja geográfica y la memoria histórica no garantizan por sí solas influencia antártica. Chile necesita convertir su vocación polar en una política de Estado evaluable: ciencia de calidad, logística confiable, protección ambiental, cooperación internacional y una institucionalidad capaz de sostener prioridades más allá de cada gobierno.

La Antártica ocupa un lugar singular en la imaginación estratégica chilena. Es territorio, frontera, ecosistema, laboratorio científico y espacio de cooperación internacional. También es una prueba exigente para el Estado: obliga a coordinar política exterior, ciencia, defensa, medioambiente, infraestructura y desarrollo regional en horizontes que exceden ampliamente un período presidencial.

El general Ramón Cañas Montalva comprendió tempranamente que la posición austral y la proyección hacia el Pacífico debían formar parte del pensamiento estratégico nacional. Su aporte conserva valor como antecedente intelectual: ayudó a mirar el territorio chileno como una realidad continental, oceánica y antártica. Pero un legado histórico no reemplaza el diagnóstico contemporáneo. Recuperarlo no significa reproducir sus categorías sin mediación, sino formular nuevamente la pregunta que las animaba: ¿qué capacidades necesita Chile para transformar su posición geográfica en influencia legítima y duradera?

La respuesta no puede surgir de una analogía directa con el Ártico. En el norte polar existen Estados con territorio, población, fuerzas militares y rutas marítimas bajo jurisdicciones nacionales claramente delimitadas. La Antártica, en cambio, está regida por un sistema internacional que reserva el continente para fines pacíficos, protege la investigación científica y mantiene las reclamaciones territoriales en una situación jurídica particular. Comparar rompehielos, bases o despliegues sin considerar esa diferencia conduce a una estrategia equivocada.

El desafío chileno no consiste en imitar la proyección de poder de una gran potencia ártica. Consiste en ejercer capacidad estatal dentro del Sistema del Tratado Antártico, fortalecer sus derechos e intereses, producir bienes públicos científicos y ambientales, y hacer de su cercanía geográfica una plataforma útil para la cooperación internacional.

El legado como punto de partida, no como programa

La historia cumple tres funciones en una estrategia nacional. Entrega continuidad, explica la formación de intereses y ofrece experiencias para orientar decisiones. Se vuelve un problema cuando sustituye la evaluación de capacidades actuales o cuando se usa para dar por resueltos debates que requieren nueva evidencia.

La tradición asociada a Cañas Montalva y a otros pensadores antárticos permite reconocer que la presencia de Chile no es una reacción coyuntural. El país definió su territorio antártico en 1940, mantiene presencia permanente desde 1947 y fue uno de los doce signatarios originales del Tratado Antártico. Esa trayectoria otorga experiencia y credibilidad, pero no concede influencia automática.

En política internacional, la continuidad debe demostrarse. Una base sin mantenimiento suficiente, una campaña científica sin financiamiento estable o una declaración sin ejecución agregan menos poder que una institución confiable, una serie de datos de largo plazo o una capacidad logística que otros programas nacionales puedan utilizar.

El mejor homenaje a una tradición estratégica no es repetir su vocabulario. Es someterla a las condiciones del presente, distinguir objetivos de instrumentos y aceptar que el valor de una política se mide por sus resultados.

El marco que organiza la acción chilena

Chile no comienza desde cero. La Ley N.º 21.255, que establece el Estatuto Chileno Antártico, articula derechos soberanos, cumplimiento del derecho internacional, protección ambiental, investigación científica, servicios logísticos y desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. La Política Antártica Nacional fija orientaciones de largo plazo y el Plan Estratégico Antártico 2026-2030 las traduce en tareas y responsabilidades.

Esta arquitectura importa porque evita que la Antártica sea tratada como un asunto exclusivo de una rama de las Fuerzas Armadas, de la Cancillería o de la comunidad científica. Su naturaleza es intersectorial. La política exterior defiende posiciones y construye acuerdos; la ciencia genera conocimiento y legitimidad; los operadores estatales sostienen transporte, comunicaciones, búsqueda y rescate; la regulación protege ecosistemas; y Magallanes aporta territorio, servicios, capital humano e identidad antártica.

La existencia de normas y planes, sin embargo, no resuelve por sí sola el problema de la implementación. La brecha decisiva aparece entre la prioridad declarada y la capacidad financiada. Una estrategia real necesita responsables identificables, presupuestos plurianuales, metas, información pública y mecanismos de evaluación.

Presencia no es lo mismo que capacidad

En el debate antártico suele utilizarse la palabra presencia como si toda forma de ocupación produjera el mismo efecto. No es así. Una presencia estratégica reúne al menos cinco capacidades relacionadas.

La capacidad científica permite formular preguntas relevantes, sostener observaciones prolongadas, publicar resultados, compartir datos y participar con autoridad en las discusiones internacionales. La ciencia no es una decoración de la política antártica: es una de sus principales fuentes de legitimidad.

La capacidad logística comprende transporte marítimo y aéreo, infraestructura, comunicaciones, energía, abastecimiento, respuesta a emergencias y mantenimiento. Su calidad se mide por seguridad, regularidad, interoperabilidad y costo durante todo el ciclo de vida, no solo por la compra de una plataforma.

La capacidad diplomática y jurídica transforma conocimiento e intereses en posiciones negociadoras. Requiere especialistas estables, memoria institucional y participación sostenida en el Tratado Antártico, su Comité para la Protección del Medio Ambiente y los organismos asociados.

La capacidad ambiental permite evaluar impactos, prevenir contaminación, gestionar residuos, controlar especies invasoras y adaptar instalaciones a un entorno cambiante. En un continente definido como reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia, la protección ambiental no limita la influencia: la hace creíble.

La capacidad de coordinación alinea ministerios, Fuerzas Armadas, INACH, universidades, Gobierno Regional de Magallanes, empresas y socios internacionales. Sin ella, cada institución optimiza su propia tarea, pero el Estado no necesariamente maximiza el resultado común.

Estas dimensiones muestran por qué contar bases o buques ofrece una imagen incompleta. Dos países pueden disponer de activos semejantes y producir resultados muy distintos según su disponibilidad operativa, la calidad de su investigación, la formación de su personal y la coherencia de sus decisiones.

La ciencia como infraestructura de influencia

El Sistema del Tratado Antártico concede un lugar central a la investigación. La condición consultiva se vincula históricamente con la demostración de actividad científica sustantiva, y las decisiones ambientales dependen de evidencia especializada. Por eso, una estrategia chilena consistente debe tratar a la ciencia como infraestructura de poder cooperativo.

Esto implica proteger programas de observación de largo plazo, concentrar recursos en ámbitos donde Chile pueda alcanzar reconocimiento y conectar la investigación antártica con problemas nacionales y globales: cambio climático, nivel del mar, océano Austral, biodiversidad, criósfera, riesgos naturales y adaptación de comunidades australes.

No toda investigación produce el mismo valor estratégico. Conviene evaluar calidad, continuidad, colaboración, datos abiertos, formación de investigadores y capacidad de incidir en evaluaciones internacionales. El número de proyectos es un indicador insuficiente si estos no construyen series temporales, redes o conocimiento acumulativo.

La ciencia también ordena la relación entre infraestructura y propósito. Las bases, embarcaciones, aeródromos y sistemas de comunicación deben diseñarse a partir de misiones definidas. Comprar primero y buscar luego una función estratégica suele generar altos costos de operación y escaso aprendizaje institucional.

Magallanes como plataforma, no solo como puerta de entrada

La cercanía de Punta Arenas y Puerto Williams ofrece una ventaja comparativa. Sin embargo, la geografía se transforma en ventaja estratégica únicamente cuando existen servicios confiables, conectividad, proveedores, investigación, formación técnica y procedimientos capaces de atender programas nacionales e internacionales.

La aspiración de convertir a Magallanes en un polo antártico requiere una mirada de ecosistema. No basta con aumentar el tránsito de expediciones. Es necesario desarrollar mantenimiento especializado, meteorología, medicina de ambientes extremos, almacenamiento, tratamiento de residuos, telecomunicaciones, gestión de datos, certificaciones, idiomas y coordinación aeroportuaria y portuaria.

Esto abre oportunidades económicas, pero exige gobernanza. El turismo, la logística y la actividad científica producen beneficios y también riesgos ambientales, presión sobre infraestructura y demandas de fiscalización. Una plataforma antártica de calidad debe crecer dentro de límites claros y con trazabilidad de sus impactos.

La relación con Magallanes tampoco puede reducirse a una función instrumental. Incorporar universidades, autoridades regionales y comunidades fortalece la legitimidad de la política y distribuye capacidades fuera de Santiago. La identidad antártica adquiere contenido cuando se expresa en educación, empleo especializado, investigación y servicios públicos.

Cooperación y autonomía estratégica

En la Antártica, cooperar no equivale a renunciar a los intereses nacionales. La cooperación permite compartir costos, ampliar cobertura científica, mejorar la seguridad y participar en la elaboración de reglas. Para un país de tamaño medio, es además un multiplicador de capacidades.

Chile debe seleccionar alianzas según objetivos verificables: campañas conjuntas, intercambio de información, uso recíproco de infraestructura, formación de especialistas, protección ambiental y respuesta a emergencias. La proximidad con Argentina hace especialmente valiosa la coordinación logística y científica, aun cuando ambos países mantienen posiciones soberanas propias. Australia, Nueva Zelandia, países europeos, Estados Unidos y socios latinoamericanos ofrecen ámbitos adicionales de cooperación.

La autonomía estratégica no significa hacerlo todo de manera nacional. Significa conservar la capacidad de decidir, operar funciones críticas y evitar dependencias que permitan a un proveedor o socio interrumpir la misión. La adquisición de tecnología debe incluir mantenimiento, entrenamiento, repuestos, interoperabilidad y transferencia efectiva de conocimiento.

Lo que no debe organizar la estrategia

Dos ideas habituales requieren corrección. La primera es que el retroceso del hielo convertirá a la Antártica en un equivalente austral de las nuevas rutas árticas. Las geografías, regímenes jurídicos y patrones de navegación son distintos. El cambio climático aumenta la incertidumbre, el riesgo y la necesidad de investigación; no ofrece una autopista comercial comparable que Chile deba controlar.

La segunda es que el continente se aproxima inevitablemente a una carrera por hidrocarburos y minerales. El Protocolo de Madrid prohíbe las actividades relativas a recursos minerales, salvo la investigación científica. Tampoco expira en 2048: desde ese año puede solicitarse una conferencia de revisión bajo condiciones estrictas. Construir política pública sobre una supuesta fecha de vencimiento debilita el análisis y puede generar decisiones incompatibles con los compromisos que Chile ha contribuido a sostener.

La prospectiva debe considerar cambios en el equilibrio internacional, mayor actividad de actores estatales y privados, presión turística, innovaciones tecnológicas y tensiones dentro de las instituciones multilaterales. Pero anticipar riesgos no exige presentar cada transformación como una inminente competencia militar o extractiva. Una estrategia responsable distingue entre posibilidades, probabilidades e impactos.

Cuatro modelos para la acción chilena

Presencia simbólica. El Estado conserva instalaciones y ceremonias, pero invierte de manera irregular. Mantiene continuidad histórica, aunque su influencia disminuye frente a programas con mayor producción científica y confiabilidad operativa.

Expansión de activos. La política prioriza nuevas bases, buques y obras como señales de compromiso. Puede cerrar brechas reales, pero corre el riesgo de fragmentar recursos y acumular costos de mantenimiento si las adquisiciones no responden a misiones, personal y presupuestos de largo plazo.

Especialización cooperativa. Chile selecciona áreas científicas, logísticas y ambientales donde puede ofrecer excelencia, y las integra a redes internacionales. Este modelo multiplica influencia, aunque requiere continuidad y aceptar que no todas las capacidades deben desarrollarse con igual intensidad.

Sistema nacional integrado. Ciencia, logística, diplomacia, medioambiente, defensa y desarrollo regional operan bajo objetivos comunes, evaluación pública y financiamiento plurianual. Es el modelo más exigente, pero también el que mejor convierte la geografía en capacidad estatal.

Los modelos no son completamente excluyentes. Chile necesita activos, cooperación y símbolos de continuidad. La diferencia está en el orden: las misiones deben definir las capacidades; las capacidades, los activos; y todos ellos, indicadores susceptibles de evaluación.

Tres escenarios hacia 2040

Continuidad administrada. Chile mantiene su presencia y cumple sus compromisos, pero la inversión avanza por impulsos. La infraestructura envejece de manera desigual, la ciencia conserva calidad en áreas específicas y Magallanes crece como plataforma sin una integración completa. El país sigue siendo un actor reconocido, aunque pierde oportunidades de liderazgo.

Fragmentación competitiva. Aumentan la actividad internacional, el turismo y las tensiones normativas. Los actores chilenos responden sectorialmente, compiten por recursos y multiplican proyectos sin priorización. La abundancia de iniciativas oculta baja coordinación, mientras los costos ambientales y logísticos reducen la credibilidad del país.

Consolidación estratégica. Chile asegura continuidad presupuestaria, fortalece ciencia e infraestructura sostenible, integra a Magallanes, profesionaliza su diplomacia antártica y ofrece servicios confiables a socios. Su influencia no descansa en una carrera de volumen, sino en la capacidad de producir conocimiento, reglas y cooperación.

Ningún escenario está predeterminado. El resultado dependerá menos de una gran decisión aislada que de la acumulación de políticas coherentes durante varios gobiernos.

Qué deberíamos observar

Una estrategia evaluable requiere indicadores que conecten recursos con resultados:

disponibilidad operativa y costo de ciclo de vida de buques, aeronaves, bases y comunicaciones;
proporción de proyectos científicos con financiamiento plurianual y series de datos sostenidas;
publicaciones, cooperación internacional e incidencia chilena en evaluaciones y decisiones antárticas;
cumplimiento del Plan Estratégico Antártico y explicación pública de retrasos;
formación y retención de científicos, técnicos, diplomáticos, juristas y operadores polares;
interoperabilidad entre instituciones civiles y militares y ejercicios de respuesta a emergencias;
desempeño ambiental de instalaciones, gestión de residuos y prevención de especies invasoras;
servicios antárticos prestados desde Punta Arenas y Puerto Williams y encadenamientos regionales generados;
acuerdos internacionales con objetivos, responsabilidades y resultados verificables;
continuidad presupuestaria entre gobiernos y proporción destinada a mantenimiento, no solo a inversión nueva.

Estos indicadores no agotan la política antártica, pero permiten distinguir compromiso retórico de capacidad efectiva.

De la geografía a la capacidad estatal

Chile posee atributos que muchos países no tienen: cercanía, historia, experiencia, instituciones, comunidad científica y una región austral conectada material y culturalmente con la Antártica. La pregunta no es si esos atributos existen, sino si el Estado puede organizarlos de manera persistente.

La mirada politológica desplaza el centro desde la voluntad de un gobierno hacia la calidad de las instituciones. Una política antártica madura distribuye competencias, coordina actores, aprende de la evidencia y sobrevive a la alternancia. También reconoce límites: ningún país mediano puede sostener todas las capacidades al máximo, y cada activo que se incorpora genera obligaciones financieras, humanas y ambientales por décadas.

La continuidad no equivale a inmovilidad. Consiste en preservar objetivos de Estado mientras se actualizan instrumentos frente al cambio climático, la tecnología y la evolución del sistema internacional. La soberanía, en este marco, no se expresa únicamente mediante declaraciones. Se fortalece con presencia responsable, conocimiento reconocido, cumplimiento jurídico y capacidad de contribuir a la gobernanza del continente.

El legado de Cañas Montalva puede leerse, entonces, de una manera menos nostálgica y más exigente. Su intuición principal fue que la ubicación de Chile debía tener consecuencias estratégicas. La tarea contemporánea es demostrar esas consecuencias mediante capacidades observables.

La Antártica no necesita una política de gestos esporádicos ni una carrera imitativa. Necesita una política de Estado que conecte ciencia, logística, diplomacia, medioambiente y desarrollo regional. Si Chile logra hacerlo, su influencia no dependerá de proclamar que es un país antártico: será reconocida en la práctica por los demás actores del sistema.