El rol del Estado en tiempos de minerales críticos para el mundo

Para empezar, me gustaría establecer que, aunque parezca obvio para algunos, créame que en más de una ocasión lo he escuchado, y de gente que esperamos una visión amplia de lo que significa el despliegue de políticas públicas: que el estado planifique no es socialismo, y creer que los mecanismos del libre mercado solucionan la economía a nivel nacional, son dos falacias que sumen al mundo privado en una suerte de ente todopoderoso  que debe incluso inmolarse cuando no hay rentabilidad ni las condiciones atractivas de inversión; esto no lo hace nadie en su sano juicio. Hecho el punto, vemos la necesidad de generar un camino hacia una nueva industrialización, el Estado chileno no puede seguir actuando como un árbitro pasivo ni como un simple facilitador de reglas. Debe convertirse en un actor estratégico, con capacidad técnica propia, visión de largo plazo y voluntad de involucrarse directamente en la creación de valor agregado. Esa es la diferencia entre repetir el modelo extractivista que nos ha servido por décadas, y si, lo hemos hecho bien, respetamos las reglas del comercio internacional y una robustez institucional pero no es suficiente eso para dar el salto real hacia la competitividad del siglo XXI. Se requiere algo más.

Históricamente, Chile ha optado por un Estado minimalista en materia industrial: abre mercados, firma acuerdos comerciales y confía en que la iniciativa privada hará el resto. Esa lógica funcionó mientras el mundo demandaba materias primas y el conocimiento asi como las instalaciones parecían carísimas para tenerlas en nuestra realidad nacional. Hoy, sin embargo, la transición energética, la electromovilidad y la economía circular exigen algo distinto. Quien controle la cadena de valor completa —desde la extracción hasta el producto final con inteligencia incorporada— será quien capture la mayor parte del beneficio, ¿le suena conocido el plan del Sueño Chino que ya está dando sus frutos con la presencia de sus empresas en toda la cadena de valor? y esto en el sector que usted mire, prácticamente. Países como Corea del Sur, Singapur o incluso Australia en su versión más reciente no esperaron a que el mercado solo actuara; el Estado definió prioridades, construyó capacidades y acompañó con recursos y expertise técnico.

En Chile, el Estado debe recuperar y potenciar esa capacidad técnica que alguna vez demostró tener. Me acuerdo de la experiencia que tuve al comenzar la década de 2010 en la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (ACHEE), dependiente del Ministerio de Energía. Allí se formó un equipo de profesionales altamente calificados en temas de energía térmica y eléctrica, no para fiscalizar desde la distancia, sino para convertirse en interlocutores técnicos válidos frente a la industria y el sector servicios. Estos expertos evaluaban proyectos de ahorro energético con rigor, proponían soluciones concretas, generaban confianza y aceleraban la implementación. No se limitaban a dictar normas; actuaban como socios técnicos del sector privado. Ese modelo —Estado con músculo técnico y conocimiento aplicado— es exactamente lo que necesitamos hoy en minería, litio, tierras raras, hidrógeno verde y transformación digital.

Imaginemos esa misma lógica aplicada a nuestros activos estratégicos. El Estado no puede conformarse con licitar concesiones de litio y esperar que otros refinen el carbonato en el extranjero (exportamos Li2CO3 US$ 2.895 millones en 2024, lo que representó una disminución del 57% respecto a 2023, debido a la caída en los precios internacionales) Un Estado que participe activamente financiando plantas piloto de refinación de litio de alta pureza, crear centros de I+D compartidos con empresas y universidades, y formar ingenieros y científicos especializados en química de litio, electroquímica y materiales avanzados. Lo mismo corre para el cobre, en lugar de exportar cátodos, debemos avanzar hacia aleaciones especializadas, conductores para baterías y componentes para energías renovables. El Estado tiene que estar ahí, con funcionarios que entiendan los procesos, evalúen viabilidad y negocien transferencia tecnológica real en las inversiones extranjeras, no limitándose al cumplimiento normativo sino un involucramiento para hacer que las cosas sucedan.

Todo lo anterior exige un cambio cultural profundo en la relación entre Estado y los demás actores del ecosistema, academia, industria y la sociedad civil. Hoy la academia muchas veces tiene una mira al Estado como un financiador de proyectos académicos y a la industria como un “cliente lejano”. La empresa ve al Estado como un regulador que sufre de pulsiones que traban las iniciativas, y a la universidad como un lugar de teorías sin aplicación práctica. El Estado, por su parte, pareciera limitarse a convocar mesas de diálogo que terminan en diagnósticos sin ejecución. La nueva industrialización requiere romper esos silos. Se necesitan programas de “doctorados industriales” masivos, fondos concursables donde la contraparte privada cofinancie con metas de patentamiento y exportación, y una burocracia técnica que rote personal entre ministerios, empresas y universidades. CORFO y la Fundación Chile han dado muestras de evolucionar hacia agencias de desarrollo productivo con presupuesto y autonomía similares a las que tuvieron en sus mejores momentos, aunque urge dotarlas de mecanismo de protección frente a gobiernos que las usen para cuadrar la caja fiscal como ocurrió en 2023. (¿Cómo fueron a parar $3,4 billones de la Corfo a Hacienda y en qué se gastaron? | BBCL Contigo)

Además, el Estado debe pensar en términos de soberanía económica y no solo de atracción de inversión. Eso implica definir una estrategia nacional de 30 años, evaluando qué porción de la cadena de valor del litio queremos dominar en 2050, cuántos ingenieros en baterías necesitamos formar, qué infraestructura portuaria y energética se requiere para exportar productos con valor agregado. Lejos de mirarlo como proteccionismo cerrado, debemos desplegar con claridad, condiciones inteligentes: quien invierta en Chile deberá comprometerse con capacitación local, I+D compartido y reinversión de utilidades en capacidades nacionales.

El rol del Estado, entonces, es triple, tanto como catalizador técnico, articulador estratégico y garante de la visión de largo plazo; vemos que no es suficiente decir “hay que agregar valor”, se debe profundizar en la preparación para hacerlo: formar talento, construir laboratorios de clase mundial, diseñar incentivos fiscales que premien la innovación y no solo la exportación en bruto, y mantener estabilidad regulatoria que sobreviva a los cambios de gobierno, mitigando todas las zonas de fricción que puedan agudizarse.

Chile ya ha demostrado en la salmonicultura, la vitivinicultura y la logística, que cuando el Estado da un paso más adelante actuando con decisión y conocimiento técnico, el talento privado chileno responde con creces. Ahora toca replicar ese éxito en los minerales críticos que definirán el futuro global. Si el Estado asume un rol protagónico considerando resiliencia técnica, ambición estratégica y capacidad de ejecución—, la nueva industrialización dejará de ser un discurso y se convertirá en la base de una prosperidad sostenible y soberana para las próximas generaciones.